La Fiscalía de Estados Unidos solicitó posponer por 60 días la próxima audiencia de Ismael “Mayo” Zambada, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa, la cual estaba programada para el lunes 16 de junio de 2025 en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, bajo la presidencia del juez Brian Cogan.

La petición se enmarca en las negociaciones que los abogados del narcotraficante mantienen con el Gobierno estadounidense para alcanzar un posible acuerdo de culpabilidad. De manera paralela, la Fiscalía analiza la posibilidad de solicitar la pena de muerte para Zambada García, quien enfrenta 17 cargos relacionados con crimen organizado, tráfico de diversas drogas, uso de armas de fuego y lavado de dinero.

El Mayo Zambada fue detenido el 25 de julio de 2024 en un aeropuerto de Nuevo México, tras ser entregado a las autoridades estadounidenses por Joaquín Guzmán López, alias “El Güero”, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. De acuerdo con versiones periodísticas, Guzmán López habría engañado y secuestrado al fundador del cártel, trasladándolo en una aeronave particular al lugar donde fue arrestado por agentes federales.

Desde su captura, se ha intensificado el conflicto entre las facciones de “Los Chapitos” y “Los Mayos” en el estado de Sinaloa, lo que ha derivado en una ola de violencia con saldo de cientos de muertos desde septiembre del año pasado.

Archivaldo Iván Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín “Chapo” Guzmán, son señalados por autoridades estadounidenses como líderes activos del Cártel de Sinaloa y actualmente se encuentran prófugos. El gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que lleve a su arresto y condena.

Ambos forman parte de la red conocida como “Los Chapitos”, que fue sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, tras ser vinculada con operaciones de tráfico y producción ilegal de fentanilo.

De acuerdo con la información oficial, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, alias “El Chapito”, fue acusado formalmente en abril de 2023 por un gran jurado en el Distrito Sur de Nueva York por cargos que incluyen conspiración criminal, importación de fentanilo y uso de armas de fuego. El Departamento de Estado considera que debe ser clasificado como un individuo armado y peligroso. La Agencia Antidrogas (DEA) lo ubica como responsable de comandar a grupos armados que ejecutan acciones violentas para proteger las operaciones del cártel.

Jesús Alfredo Guzmán Salazar, conocido como “Alfredillo”, enfrenta acusaciones por conspiración para distribuir drogas como cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana. También se le atribuye responsabilidad en el traslado de precursores químicos desde China y en la administración de recursos obtenidos del tráfico de estupefacientes.

La red encabezada por los hermanos Guzmán Salazar opera de manera transnacional y ha sido señalada como una de las principales responsables del flujo de fentanilo hacia Estados Unidos, sustancia que ha provocado una crisis de salud pública por su alto poder adictivo y letalidad.

El Departamento de Estado mantiene vigentes las recompensas individuales como parte del Programa de Recompensas por Narcóticos, con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional en el combate al crimen organizado.

Desde el pasado viernes 6 de junio, se reportaron operativos realizados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en distintos negocios de la ciudad de Los Ángeles, lo que derivó en protestas encabezadas por migrantes y organizaciones civiles.

De acuerdo con los reportes, al menos 45 personas fueron detenidas sin órdenes judiciales, aunque el Departamento de Seguridad solo confirmó la identidad de seis personas originarias de Perú, Indonesia, Honduras, México, Vietnam y Filipinas. Las acciones del ICE se enmarcan en la política migratoria impulsada por el expresidente Donald Trump.

Las manifestaciones iniciaron como una reacción a las redadas y se concentraron en diversos puntos de la ciudad. En Manhattan, Nueva York, también se registraron protestas con un saldo de cinco personas detenidas tras enfrentamientos con elementos de seguridad.

La ciudad de Los Ángeles había sido declarada en 2024 como “ciudad santuario” por el concejo local, lo que impide el uso de recursos municipales para la aplicación de leyes migratorias federales. Activistas y residentes calificaron las redadas como una agresión hacia trabajadores migrantes y bloquearon vías principales como la autopista 101, aunque fueron replegados por elementos de seguridad.

El gobernador de California informó que el gobierno federal desplegó aproximadamente 2 mil elementos de la Guardia Nacional a la zona desde la madrugada del domingo 8 de junio, con el objetivo de intervenir en las manifestaciones. Durante las protestas se reportó el uso de gases lacrimógenos y granadas aturdidoras por parte de agentes federales.

El presidente de Estados Unidos ordenó a la secretaria de Seguridad Nacional, al secretario de Defensa y a la fiscal general tomar medidas para controlar los disturbios. En respuesta, 22 gobernadores demócratas rechazaron el uso de la Guardia Nacional en Los Ángeles, al considerar que se trata de una acción desproporcionada.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que el fenómeno migratorio no se debe atender con violencia. También, la exvicepresidenta Kamala Harris expresó su preocupación por la estrategia federal.

Las manifestaciones continúan por tercer día consecutivo, en medio de un debate sobre los derechos de las personas migrantes y la respuesta del gobierno federal ante su presencia en ciudades consideradas santuario.