El presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro, fue detenido en un operativo coordinado por fuerzas federales junto con tres funcionarios de su administración, por su presunta participación en delitos de extorsión, corrupción y desvío de recursos públicos. De acuerdo con el reporte oficial, también fueron asegurados Juan Manuel Pérez, de Seguridad Pública; Juan Gabriel Toribio, de Catastro y Predial; e Isaac Carbajal Villaseñor, de Obras Públicas.

Las investigaciones señalan que los detenidos presuntamente exigían pagos ilegales a comerciantes y empresarios, además de operar esquemas de uso indebido de fondos municipales. Autoridades federales indicaron que el grupo estaría vinculado con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación y que formaba parte de una red de corrupción local. La acción se enmarca en la llamada Operación Enjambre, estrategia enfocada en desarticular estructuras criminales infiltradas en gobiernos municipales.

La gestión de Rivera Navarro ya enfrentaba controversias, entre ellas un conflicto con la empresa José Cuervo por un cobro millonario de predial que fue considerado sin sustento legal por autoridades estatales, así como una denuncia posterior por presunta extorsión. Tras la detención, Morena Jalisco señaló que respetará el proceso legal y que corresponderá a las autoridades determinar responsabilidades. El caso continúa bajo investigación.

Autoridades estatales y federales realizaron un cateo en un bar ubicado en la colonia Centro del municipio de Jojutla, el cual presuntamente era utilizado para la venta de drogas. La diligencia fue ejecutada por elementos del Centro de Operaciones Estratégicas (COE) de la Fiscalía Regional Sur Poniente.

El operativo estuvo encabezado por agentes de la Agencia de Investigación Criminal, con apoyo de personal de la Defensa, Marina, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos. Durante la intervención, peritos y agentes investigadores localizaron y aseguraron varias dosis de una sustancia sólida con características similares a la droga conocida como cristal.

Tras concluir la revisión, el inmueble quedó asegurado y los indicios fueron fijados, embalados y puestos a disposición de la Unidad Especializada de Delitos Contra la Salud para su análisis e integración a la carpeta de investigación. La Fiscalía estatal informó que continuará los trabajos coordinados para combatir delitos contra la salud en la región.

El Congreso del Estado de Morelos aprobó una reforma a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para prohibir de manera expresa los castigos corporales y humillantes como forma de corrección. La iniciativa fue presentada por el diputado Rafael Reyes Reyes y quedó publicada el 21 de enero en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 6515.

La modificación legal tiene como objetivo prevenir afectaciones físicas, emocionales y conductuales en menores de edad, al establecer que ningún método de crianza o disciplina puede incluir el uso de la fuerza o prácticas degradantes. La ley define como castigo corporal cualquier acción que implique agresión física, como golpes con la mano u objetos, empujones, pellizcos, mordidas, jalones de cabello o quemaduras, entre otros.

También se prohíben los castigos humillantes, entendidos como tratos ofensivos, denigrantes, ridiculizantes o de menosprecio que generen dolor, amenaza o vergüenza. La reforma precisa que madres, padres y personas responsables de la tutela o custodia deben garantizar orientación, cuidado y educación sin recurrir a la violencia, con lo que la actual Legislatura reafirma su compromiso con el derecho de la niñez y adolescencia a una vida libre de violencia.