Uno de los eventos más importantes en Sinaloa fue cancelado debido a la ola de violencia que se vive en esa entidad. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció la cancelación de la Expo Ganadera 2024, después de que una narcomanta con amenazas dirigidas al mandatario apareciera la mañana del domingo 10 de noviembre. El mensaje, colgado en puentes viales de Culiacán y atribuido al crimen organizado, advertía sobre “consecuencias” si no se cancelaba el palenque de la feria.
La Expo Ganadera Sinaloa 2024 tenía previsto realizarse del 14 de noviembre al 1 de diciembre, y su suspensión ha generado preocupación en el estado. En la manta, se leía: “Gobernador, si no cancela el palenque y deja de apoyar a esos Chaposetas aténgase a las consecuencias, segunda llamada, su familia pagará el precio”, un mensaje que, aunque no llevaba firma de ningún grupo delictivo, fue tomado con la seriedad necesaria para actuar de inmediato.
La Unión Ganadera Regional de Sinaloa informó mediante un comunicado que la decisión se tomó tras un análisis profundo, con el objetivo de preservar la estabilidad económica del sector y la seguridad de los asistentes. “Tras una reflexión profunda y un análisis exhaustivo, se ha tomado la decisión de cancelar la Expo Ganadera 2024. Esta determinación responde al compromiso de la organización con la comunidad granadera y la prioridad de garantizar la estabilidad económica del sector”, señaló el documento.
Sin embargo, la suspensión del evento ha sido relacionada también con el incremento de la violencia en la región, en particular tras la captura de “El Mayo Zambada”, así como por las amenazas vertidas en la narcomanta. La cancelación de la feria pone de relieve la tensión que persiste en Sinaloa y la influencia que el crimen organizado ejerce sobre las actividades públicas.
Una niña de aproximadamente ocho años perdió la vida tras ser atropellada por un automóvil particular sobre la calle Niños Héroes, alrededor de las 10:30 horas de este martes.
Vecinos que presenciaron el hecho reportaron que la menor quedó inconsciente y solicitaron auxilio; sin embargo, cuando paramédicos llegaron al lugar confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
El conductor fue retenido por los habitantes y entregado a las autoridades policiacas. La zona fue acordonada mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias y el levantamiento del cuerpo.
Integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE) bloquean esta mañana la avenida Morelos, frente a la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en Cuernavaca.
Los manifestantes denuncian cobros excesivos en los recibos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y exigen la intervención de las autoridades para revisar los casos y garantizar tarifas justas.
El bloqueo generó afectaciones viales en la zona, por lo que autoridades de tránsito realizaron trabajos, para desviar a los vehículos que transitaban por la zona.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) obtuvo un auto de vinculación a proceso en contra de Einar Topiltzin “N”, Noé “N” y José Iván “N”, ex funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), por su probable participación en el delito de ejercicio indebido del servicio público. La resolución fue emitida por un juez de control durante una audiencia en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, en el municipio de Xochitepec.
El juez determinó vincular a proceso a los tres ex servidores públicos, imponerles medidas cautelares distintas a la prisión preventiva y fijar un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria. Los hechos se relacionan con la presunta mala operación y daño irreversible a una planta de valorización de residuos sólidos ubicada en Xochitepec, durante la administración estatal 2012-2018.
Este procedimiento forma parte de una carpeta de investigación en la que los mismos ex funcionarios fueron vinculados en mayo de 2025. La FECC recordó que, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda persona se presume inocente hasta que se demuestre su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial.
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