En su primer día como el 47° presidente de Estados Unidos, Donald Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas, destacando entre ellas una medida que pone fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de padres en situación migratoria irregular. La controvertida acción desafía un principio protegido por la Enmienda 14 de la Constitución desde 1868.
La ciudadanía por nacimiento, consagrada tras la Guerra Civil, garantiza que cualquier persona nacida en territorio estadounidense sea automáticamente reconocida como ciudadana, sin importar el estatus migratorio de sus padres. Este derecho, según el presidente, ha sido “abusado durante décadas” y convierte a Estados Unidos en “el único país del mundo que aplica esta política de manera tan amplia”.
Aunque la medida había sido adelantada por un funcionario cercano a la nueva administración, la decisión de Trump ha desatado una fuerte polémica legal y social. La Enmienda 14, que se promulgó para garantizar la igualdad de derechos tras la abolición de la esclavitud, establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de Estados Unidos y del estado en el que residen”.
Analistas legales y grupos de derechos civiles advierten que esta orden ejecutiva podría enfrentar serios desafíos en los tribunales, pues contradice directamente la interpretación histórica de la Enmienda. Sin embargo, la administración Trump sostiene que los hijos de inmigrantes indocumentados “no están bajo la jurisdicción completa de Estados Unidos” y, por lo tanto, no califican para la ciudadanía automática.
La decisión marca un inicio de gobierno polarizante para Trump, quien regresa al poder con una agenda cargada de medidas enfocadas en temas migratorios y de seguridad. Organizaciones de derechos humanos y líderes de opinión han cuestionado el impacto de esta medida en millones de familias, mientras que simpatizantes de Trump celebran lo que consideran un paso hacia el control migratorio.
El futuro de esta orden ejecutiva dependerá, en gran medida, de las batallas legales que seguramente se librarán en los próximos meses, en un escenario que podría llegar hasta la Corte Suprema.