El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que los sobrenombres de los candidatos que buscan integrar el Poder Judicial de la Federación (PJF) no podrán incluirse en las boletas electorales, al considerar que afectan los principios de equidad e imparcialidad en la contienda.

El Consejo General del INE señaló que los apodos buscan generar reconocimiento y posicionamiento frente a los demás contendientes, además de que su inclusión implicaría modificar el tamaño de la letra en las boletas, dificultando su lectura y el ejercicio del voto.

Al menos 24 aspirantes solicitaron agregar un sobrenombre a su nombre en la boleta. Algunas de las propuestas incluían títulos como “Ministra del Pueblo”, “Magistrado del Cambio”, “Juez de la 4T” o “Abogado del Pueblo”.

Además, el Consejo General aprobó el Plan de Difusión para los promocionales sobre las candidaturas a jueces, magistrados y ministros, con el objetivo de informar a la ciudadanía sobre el proceso electoral.

Con el objetivo de combatir el robo de vehículos en la zona metropolitana, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, participó en una reunión de trabajo con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, así como con autoridades de Puebla, Estado de México e Hidalgo.

Durante el encuentro, convocado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se presentó la Estrategia Regional para la Prevención, Combate y Persecución del Robo de Vehículos y Automotores, la cual busca fortalecer la seguridad mediante el uso de inteligencia, tecnología avanzada y la armonización de marcos normativos.

Uno de los acuerdos principales fue la creación de un Gabinete Metropolitano de Control y Protección Vehicular, con el que se busca mejorar la coordinación interinstitucional para reducir este delito. Al respecto, González Saravia destacó la importancia de la colaboración entre estados y la unificación de medidas en materia de seguridad.

“Es fundamental la coordinación metropolitana en inteligencia, así como la homologación de tecnologías, leyes y reglamentos. Esto nos permitirá fortalecer las acciones conjuntas para combatir el robo de vehículos de manera más eficiente”, señaló la mandataria morelense.

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, detalló que entre los acuerdos establecidos se encuentra la regulación conjunta para el otorgamiento de permisos, el control vehicular y la creación de políticas fiscales en multas, tenencia y verificación. Además, se buscará un acuerdo con la industria automotriz para frenar la venta de autopartes ilegales y mejorar los estándares de seguridad en los seguros vehiculares.

En un plazo de 15 días, los equipos de seguridad de los cinco estados comenzarán mesas de trabajo con representantes de la Federación, y en dos meses se espera la firma de los acuerdos en una reunión con las y los gobernadores en el Estado de México.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal dio a conocer su índice anual de 2024 sobre las ciudades más violentas del mundo, en el que México encabeza la lista con 20 de las 50 urbes con mayores niveles de homicidios. Entre ellas destacan Acapulco, Guerrero, y Tijuana, Baja California.

El presidente del organismo, José Antonio Ortega, explicó que este es el número más alto de ciudades mexicanas registradas en el ranking desde su creación, superando el récord de 19 localidades en 2019. El informe evalúa la tasa de homicidios en ciudades con más de 300 mil habitantes y excluye aquellas en zonas de guerra.

El estudio también destacó que América Latina sigue concentrando el mayor número de ciudades violentas a nivel mundial, con presencia significativa de urbes en Brasil, Venezuela y Colombia. En el caso de México, el informe atribuye la violencia a la presencia del crimen organizado, disputas entre grupos delictivos y problemas de impunidad.

Las autoridades locales han señalado que trabajan en estrategias de seguridad para reducir la violencia en las ciudades mencionadas, aunque los expertos advierten que sin un enfoque integral, que incluya el fortalecimiento del sistema de justicia y el combate a la corrupción, los índices podrían continuar en aumento.