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Recibe Magistrado Presidente del TSJ con integrantes de asociaciones civiles 

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El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, Luis Jorge Gamboa Olea, este lunes sostuvo un encuentro con representantes de diversas agrupaciones y asociaciones civiles para abordar inquietudes surgidas en torno a la supuesta “preliberación” de Marcelino “N”, actualmente sentenciado a 32 años de prisión por el homicidio del activista Gustavo Salgado Delgado, hechos ocurrido en el 2015.

Durante el encuentro, Gamboa Olea enfatizó que la situación se encuentra en la etapa de ejecución de la sentencia y que, en virtud de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cualquier beneficio como la preliberación debe ser sometido a un riguroso análisis jurídico.


“La solicitud que se está evaluando no implica, de ninguna forma, una liberación automática. Cada caso debe cumplir estrictamente con los requisitos legales establecidos y ser resuelto por el juez competente”, explicó el magistrado.

La sesión permitió que diversas voces se hicieran escuchar. Florentino López Martínez, representante del Frente Popular Revolucionario, destacó la importancia de la transparencia y agradeció al TSJ por la apertura en la discusión.

“Nos tranquiliza saber que el proceso se desarrolla con absoluta observancia de la ley y confiamos en que se hará justicia en el caso de Gustavo Salgado Delgado”, afirmó López Martínez.

Por otro lado, Gabriel Rivas Ríos, regidor de Cuernavaca y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del municipio, manifestó su preocupación por el avance del trámite.

“Algunas de las inquietudes presentadas tienen que ver con competencias del Poder Ejecutivo, por lo que trabajaremos en conjunto para canalizar estas demandas de la manera adecuada”, señaló Rivas Ríos.

Como resultado del diálogo, se acordó establecer un canal permanente de comunicación entre el Poder Judicial y las asociaciones civiles, con el fin de dar seguimiento continuo al proceso y resolver cualquier duda que surja en torno al caso.

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Congreso de Morelos expide Ley PROTEM para proteger derechos e integridad del magisterio

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El Congreso del Estado de Morelos aprobó la expedición de la Ley para la Protección de la Integridad y Derechos de las y los Trabajadores de la Educación (Ley PROTEM), impulsada por la diputada Ruth Cleotilde Rodríguez López, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, luego de solventar las observaciones realizadas al proyecto. La aprobación se dio durante sesión ordinaria con la presencia de representantes sindicales y docentes en el Salón de Plenos.

La legisladora explicó que la nueva norma establece protocolos obligatorios de actuación ante agresiones contra personal educativo, sanciones para quienes incurran en conductas violentas, medidas de protección inmediata y acompañamiento jurídico y psicológico, además de la intervención oportuna de autoridades educativas y de seguridad. Señaló que la ley busca brindar herramientas reales de defensa al magisterio, sin que ello implique encubrir abusos o negligencias, y subrayó la protección prioritaria de niñas, niños y adolescentes.

En la misma sesión, la diputada Ruth Rodríguez López presentó dos iniciativas adicionales: una para otorgar certeza jurídica sobre el pago de aguinaldo a personal de subsistemas homologados y otra enfocada en fortalecer la autonomía sindical. Diputados de distintas bancadas respaldaron la Ley PROTEM y destacaron que representa un reconocimiento institucional al trabajo docente y un paso para fortalecer el respeto y la seguridad en el entorno educativo.

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Detienen a alcalde de Tequila en operativo federal por presunta extorsión y corrupción

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El presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro, fue detenido en un operativo coordinado por fuerzas federales junto con tres funcionarios de su administración, por su presunta participación en delitos de extorsión, corrupción y desvío de recursos públicos. De acuerdo con el reporte oficial, también fueron asegurados Juan Manuel Pérez, de Seguridad Pública; Juan Gabriel Toribio, de Catastro y Predial; e Isaac Carbajal Villaseñor, de Obras Públicas.

Las investigaciones señalan que los detenidos presuntamente exigían pagos ilegales a comerciantes y empresarios, además de operar esquemas de uso indebido de fondos municipales. Autoridades federales indicaron que el grupo estaría vinculado con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación y que formaba parte de una red de corrupción local. La acción se enmarca en la llamada Operación Enjambre, estrategia enfocada en desarticular estructuras criminales infiltradas en gobiernos municipales.

La gestión de Rivera Navarro ya enfrentaba controversias, entre ellas un conflicto con la empresa José Cuervo por un cobro millonario de predial que fue considerado sin sustento legal por autoridades estatales, así como una denuncia posterior por presunta extorsión. Tras la detención, Morena Jalisco señaló que respetará el proceso legal y que corresponderá a las autoridades determinar responsabilidades. El caso continúa bajo investigación.

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Catean bar en Jojutla por presunta venta de drogas; aseguran dosis de cristal

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Autoridades estatales y federales realizaron un cateo en un bar ubicado en la colonia Centro del municipio de Jojutla, el cual presuntamente era utilizado para la venta de drogas. La diligencia fue ejecutada por elementos del Centro de Operaciones Estratégicas (COE) de la Fiscalía Regional Sur Poniente.

El operativo estuvo encabezado por agentes de la Agencia de Investigación Criminal, con apoyo de personal de la Defensa, Marina, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos. Durante la intervención, peritos y agentes investigadores localizaron y aseguraron varias dosis de una sustancia sólida con características similares a la droga conocida como cristal.

Tras concluir la revisión, el inmueble quedó asegurado y los indicios fueron fijados, embalados y puestos a disposición de la Unidad Especializada de Delitos Contra la Salud para su análisis e integración a la carpeta de investigación. La Fiscalía estatal informó que continuará los trabajos coordinados para combatir delitos contra la salud en la región.

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