Por Carolina Ruiz Rodríguez*

Es paradójico que en los Estados Unidos se procure la paz en otros países del mundo, mientras en su interior comienza a gestarse un movimiento de resistencia frente a las acciones que su propio gobierno federal ha emprendido contra sus habitantes.

Cada vez son más las voces y voluntades que, en distintos puntos del país norteamericano, se suman a la inconformidad y a la exigencia social que surgió en Minneapolis, donde comunidades enteras han pedido que las acciones de los agentes del ICE sean reguladas o, incluso, que esta corporación salga del estado.

El hecho es grave y revelador: ya son dos las personas que han perdido la vida por impactos de arma de fuego a manos de agentes del ICE. Y no se trata de migrantes. Son ciudadanos estadounidenses. Este dato es fundamental, porque evidencia que la violencia institucionalizada y la lógica de criminalización no distinguen estatus migratorio: hoy, cualquier persona puede quedar expuesta a un esquema de persecución que se ha normalizado desde el poder federal.

Más allá de las políticas de restricción migratoria impulsadas por el gobierno de Donald Trump, existe un trasfondo político evidente en las zonas donde se han intensificado las redadas y el hostigamiento. California y Minnesota, dos de los estados con mayor presencia de operativos, son gobernados por administraciones demócratas, opositoras al actual presidente. Esto revela que la migración no solo se ha convertido en un tema de seguridad, sino en un instrumento de confrontación política.

Chuck Schumer, coordinador de los senadores demócratas en los Estados Unidos, ha advertido al gobierno federal que, de no haber cambios significativos en la aplicación de las leyes migratorias federales, podrían impulsar un nuevo cierre de gobierno, como el que se vivió el año pasado, con altos costos para el pueblo norteamericano y para la popularidad del presidente Trump.

Entre las principales exigencias se encuentran: que los agentes del ICE utilicen cámaras corporales para grabar su actuación, que no porten máscaras ni cubre rostros, que se eliminen las patrullas itinerantes, que no se realicen redadas en domicilios particulares y que los elementos estén sujetos a un código de conducta similar al de los cuerpos de policía estatales y locales.

Así, de manera lamentable, tanto migrantes como ciudadanos estadounidenses se han convertido en víctimas colaterales de un clima electoral extremo, violento y polarizado, donde la política migratoria deja de ser una política pública y se transforma en una herramienta de presión y control.

Sin embargo, mientras este escenario de tensión política, social y económica se profundiza en Estados Unidos, otros países que también promovieron durante años el cierre de fronteras y políticas restrictivas comienzan a replantear su actuación. España es un ejemplo claro.

Esta semana, el gobierno español anunció la regularización de más de medio millón de personas, además de continuar, en el marco de la Unión Europea, con la habilitación de “centros de retorno” en terceros países para trasladar a migrantes que se encuentran en situación administrativa irregular.

De acuerdo con una nota publicada por CNN España el martes 27 de enero, “tanto Naciones Unidas como el Banco de España han señalado en años anteriores que el país requiere alrededor de 300 mil trabajadores migrantes al año para sostener el Estado de bienestar. Con el ánimo de dar respuesta a esa situación, reducir la economía sumergida y la explotación laboral, el gobierno de España inició este martes los trámites para regularizar a medio millón de migrantes”.

Este proceso, impulsado mediante un decreto real por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, permitirá regularizar la situación legal de personas que hayan solicitado protección internacional hasta el 31 de diciembre de 2025, o que acrediten un mínimo de cinco meses de estancia en el país antes de finalizar ese mismo año.

La cifra es significativa: se estima que en 2025 había alrededor de 840 mil personas en situación irregular en España. Y, contrario a los estereotipos dominantes, la mayoría no procede de África, sino de América Latina. Colombia encabeza la lista con cerca de 290 mil personas, seguida de Perú con casi 110 mil y Honduras con alrededor de 90 mil migrantes.

Es claro que la migración no es un problema de orden público: es un fenómeno estructural que exige políticas de Estado, no narrativas de persecución. Mientras en Estados Unidos se refuerzan esquemas de criminalización que no han demostrado ser la solución al fenómeno migratorio, en Europa se comienza a reconocer que la regularización y la inclusión también son herramientas de gobernanza, estabilidad social y desarrollo económico.

La diferencia no está en la ideología, sino en las acciones. Los países que entienden la movilidad humana como una realidad permanente construyen soluciones; los que la enfrentan como amenaza, multiplican sus crisis.

Hoy, el debate no es si habrá migración, sino si los Estados serán capaces de administrarla con inteligencia institucional, legalidad y responsabilidad social. Porque, al final, no se trata solo de fronteras, sino de modelos de país.

La noche de este jueves fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre en la colonia El Estudiante, en el municipio de Puente de Ixtla.

El hallazgo se reportó alrededor de las 18:20 horas sobre la calle Morelos. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima presentaba impactos de arma de fuego.

Paramédicos acudieron al lugar y confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Elementos de seguridad acordonaron la zona mientras personal de la Fiscalía inició las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

El Congreso del Estado de Morelos aprobó la expedición de la Ley para la Protección de la Integridad y Derechos de las y los Trabajadores de la Educación (Ley PROTEM), impulsada por la diputada Ruth Cleotilde Rodríguez López, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, luego de solventar las observaciones realizadas al proyecto. La aprobación se dio durante sesión ordinaria con la presencia de representantes sindicales y docentes en el Salón de Plenos.

La legisladora explicó que la nueva norma establece protocolos obligatorios de actuación ante agresiones contra personal educativo, sanciones para quienes incurran en conductas violentas, medidas de protección inmediata y acompañamiento jurídico y psicológico, además de la intervención oportuna de autoridades educativas y de seguridad. Señaló que la ley busca brindar herramientas reales de defensa al magisterio, sin que ello implique encubrir abusos o negligencias, y subrayó la protección prioritaria de niñas, niños y adolescentes.

En la misma sesión, la diputada Ruth Rodríguez López presentó dos iniciativas adicionales: una para otorgar certeza jurídica sobre el pago de aguinaldo a personal de subsistemas homologados y otra enfocada en fortalecer la autonomía sindical. Diputados de distintas bancadas respaldaron la Ley PROTEM y destacaron que representa un reconocimiento institucional al trabajo docente y un paso para fortalecer el respeto y la seguridad en el entorno educativo.