San Juan Chamula, Chiapas.- Autoridades federales y estatales llevaron a cabo un cateo en un inmueble de San Juan Chamula donde se almacenaba y vendía hidrocarburo de forma ilegal, decomisando más de 370 litros de combustible, confirmó la Fiscalía General de la República (FGR).

La acción fue resultado de una denuncia anónima y coordinada por la Policía Federal Ministerial (PFM), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo, Protección Civil y técnicos de Pemex. Durante el operativo se detectó un punto clandestino de distribución sin permisos oficiales.

En el inmueble, las autoridades aseguraron 18 bidones llenos con 20 litros cada uno, un bidón a la mitad, 20 bidones vacíos, tres mangueras, dos embudos con mangueras y 25 costales de carbón con un peso aproximado de 500 kilos. Todo esto sumó un total estimado de 370 litros de hidrocarburo.

El cateo se efectuó bajo autorización de un juez de Distrito especializado y tuvo lugar en el tramo carretero Puerto Caté, sobre la vía San Cristóbal de las Casas – Chamula.

Por otra parte, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, presentó este jueves nuevas unidades tácticas, entre ellas un helicóptero Black Hawk y embarcaciones Monster, como parte del reforzamiento de la seguridad en la entidad.

Ramírez Aguilar destacó que, tras siete meses de gobierno, cuentan con personal capacitado y tecnología para enfrentar a la delincuencia, especialmente en el combate a delitos relacionados con hidrocarburos y narcóticos.

La FGR hizo un llamado a la ciudadanía para que continúe denunciando actividades ilícitas, de forma anónima o presencial, en sus instalaciones en Tuxtla Gutiérrez o a través de medios oficiales.

El Gobierno de México avanza en la implementación de la CURP biométrica, un nuevo documento de identidad que incorporará datos personales y características físicas únicas de cada ciudadano, con el objetivo de fortalecer la autenticación oficial y combatir la suplantación de identidad.

A diferencia de la CURP tradicional, la versión biométrica integrará una base de datos más completa que incluirá huellas dactilares, fotografía facial en alta resolución, escaneo del iris, firma electrónica y datos generales como nombre, sexo, fecha de nacimiento, nacionalidad y entidad federativa.

La información será resguardada en servidores certificados del Registro Nacional de Población (Renapo), bajo la supervisión de la Secretaría de Gobernación. El acceso estará restringido a personal autorizado, y solo podrá consultarse con justificación para trámites de salud, educación, justicia, seguridad social o identidad.

El sistema contempla medidas como encriptación avanzada, bitácoras de auditoría y prohibiciones para usos comerciales o electorales. No obstante, organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y Artículo 19 advierten sobre vacíos legales en la regulación de datos biométricos y la falta de auditorías externas o protocolos de transparencia.

Casos como la filtración de datos del ISSSTE en 2024 han puesto en duda la solidez del sistema de ciberseguridad nacional. Aunque la legislación contempla sanciones penales de hasta 10 años de prisión por mal uso de información personal, especialistas señalan que pocos casos se han judicializado.

Otro punto crítico es la recolección de datos biométricos de niñas, niños y adolescentes, incluida en el proyecto mediante convenios con autoridades locales. La supervisión ciudadana es limitada, ya que el INAI —encargado de velar por la transparencia y la protección de datos— no opera con comisionados plenos desde 2023.

La CURP biométrica pretende facilitar trámites y blindar la identidad de millones de mexicanos, pero su eficacia dependerá de garantizar el respeto a los derechos digitales y la seguridad de los datos personales.

Con el objetivo de fortalecer las labores de recuperación e identificación de vehículos con reporte de robo, 25 elementos de la Unidad de Recuperación de Vehículos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) participaron en el curso “Mecánica Identificativa e Identificación Vehicular”.

La capacitación, de carácter teórico-práctico, tuvo una duración de 15 horas distribuidas en tres días. Las sesiones teóricas se llevaron a cabo en el Instituto de Procuración de Justicia (IPJ) en Cuernavaca, mientras que la práctica se desarrolló en el corralón municipal de Temixco.

El curso fue impartido sin costo para los agentes y fue posible gracias a la coordinación entre la Dirección General de Plataforma México de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos y la Dirección General de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA).

Durante la capacitación, se brindaron herramientas para una correcta identificación de automóviles y motocicletas robadas, con el fin de fortalecer las tareas de investigación y prevención de delitos del fuero común y federal.