El brutal feminicidio de Astrid Cruz, de 38 años, y su hijo Fernando, de 16, ha conmocionado a Jalisco y a todo México. El crimen, ocurrido el pasado 3 de marzo en Zapopan, ha puesto en el centro de la indignación pública a Eduardo “N”, expareja de Astrid y principal sospechoso, quien actualmente se encuentra prófugo.
Lo que más ha alarmado a la sociedad es que Eduardo “N” no era un desconocido para las autoridades: en 2015 fue condenado por feminicidio tras asesinar a otra pareja en 2004. A pesar de su historial, obtuvo su libertad en 2020. Cinco años después, Astrid y su hijo murieron de la misma manera que su primera víctima: golpeados con un martillo.
Días previos a la tragedia
Antes del crimen, Astrid había recibido mensajes amenazantes de Eduardo “N”. En uno de ellos, el hombre insinuaba que se llevaría a los niños y mencionaba su intención de “destruir ese chip”, lo que ha sido interpretado como un plan para cortar la comunicación con ella. Otro correo electrónico sugiere que conocía la nueva dirección de Astrid, lo que refuerza la hipótesis de que el ataque fue premeditado.
El pasado lunes, el agresor irrumpió en la casa de Astrid, ubicada en el fraccionamiento Capital Norte, y la atacó junto con sus dos hijos. La Fiscalía de Jalisco ha confirmado que Astrid y Fernando fueron asesinados con un martillo, mientras que la hija menor, de 10 años, resultó gravemente herida y continúa hospitalizada.
El intento de encubrimiento
Después del crimen, Eduardo “N” intentó manipular la situación enviando mensajes desde el celular de Astrid a sus amigas, tratando de hacerles creer que ella seguía con vida. Sin embargo, las mujeres notaron irregularidades en la forma en que estaban escritos los mensajes y decidieron acudir a su casa. Al llegar, encontraron los cuerpos maniatados y con signos evidentes de violencia.
Un pasado criminal ignorado
La indignación creció al revelarse el historial de Eduardo “N”. En 2004, asesinó a su entonces pareja, Martha Berenice, en Culiacán, Sinaloa, con el mismo modus operandi: la golpeó con un martillo y luego intentó deshacerse del cuerpo en el río Tamazula. En un intento por evadir la justicia, participó en la búsqueda de la joven junto con su familia, hasta que las autoridades notaron contradicciones en su versión y terminó confesando.
Fue arrestado en 2004, pero en 2006 logró escapar con la ayuda de terceros. Años después fue recapturado en Guadalajara y, en 2015, condenado a 24 años y 9 meses de prisión. Sin embargo, solo cumplió 16 años y obtuvo su libertad en 2020.
Mientras estaba en prisión, Eduardo “N” contrajo matrimonio con otra mujer con quien tuvo una hija. En 2022, su esposa falleció en circunstancias que nunca fueron esclarecidas. Hoy, colectivos feministas y la familia de Astrid exigen que su muerte sea reabierta como una posible víctima más.
Búsqueda y exigencia de justicia
La Fiscalía de Jalisco inició la búsqueda de Eduardo “N” mientras crecen los cuestionamientos sobre cómo un feminicida condenado pudo quedar en libertad y reincidir en un crimen atroz. El caso ha reavivado el debate sobre la impunidad y la necesidad de reformar el sistema de justicia para evitar que agresores con antecedentes sigan representando un peligro para las mujeres.
La diputada Luz Dary Quevedo Maldonado presentó una iniciativa para reformar la Ley de Salud del Estado de Morelos, con el objetivo de fortalecer la prevención, detección oportuna y atención integral de las enfermedades tiroideas. La propuesta contempla adicionar el artículo 144 Bis para obligar a las autoridades sanitarias a implementar programas permanentes enfocados en el diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia de estos padecimientos.
Durante su participación en tribuna, la coordinadora parlamentaria de Movimiento Ciudadano señaló que las enfermedades de la tiroides representan un problema de salud pública silencioso, ya que muchas personas desconocen que las padecen. Indicó que más del 60 por ciento de quienes presentan alteraciones tiroideas no han sido diagnosticados, lo que retrasa su atención médica y puede generar complicaciones graves.
La legisladora también alertó sobre el incremento del cáncer de tiroides en México, que actualmente registra alrededor de 11 mil 400 nuevos casos al año. Luz Dary Quevedo afirmó que el derecho a la salud obliga al Estado a garantizar servicios accesibles y estrategias preventivas eficaces, por lo que insistió en la necesidad de visibilizar estos padecimientos y fortalecer la atención médica en Morelos.
La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, anunció una inversión cercana a 460 millones de pesos en infraestructura hídrica para 2026, a través del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Proagua), impulsado por la Comisión Nacional del Agua. Estos recursos estarán destinados a obras en diversos municipios con el objetivo de mejorar el acceso al agua potable, drenaje y saneamiento, priorizando comunidades con rezago social mediante la coordinación entre los tres niveles de gobierno.
La mandataria estatal explicó que los proyectos ya fueron acordados con los ayuntamientos y actualmente se encuentran en revisión para definir su ejecución en zonas urbanas y rurales. Además, informó que se sumarán 56 millones de pesos adicionales a través del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), en conjunto con la Secretaría de Bienestar, con lo que se fortalecerán las acciones en materia hídrica en la entidad.
En el ámbito cultural, González Saravia dio a conocer que Morelos participará en una exposición internacional en Orlando, Florida, donde se exhibirán piezas arqueológicas de Chalcatzingo del 18 al 20 de mayo. La muestra contará con la colaboración del Instituto Nacional de Antropología e Historia y especialistas como José Ángel Cabrera Osorno, además de que se prevé establecer acuerdos entre la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la Universidad de Florida para impulsar proyectos académicos y culturales.
El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, designó a Dulce María Soledad Jacobo Camacho como titular de la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución de Delitos de Tortura, una unidad de reciente creación dentro de la Fiscalía General del Estado de Morelos.
Durante el anuncio, el fiscal exhortó a la nueva funcionaria a conducirse con profesionalismo, ética y sensibilidad, priorizando en todo momento a las víctimas del delito. Subrayó la importancia de esta fiscalía especializada en el fortalecimiento institucional y en la atención de casos relacionados con violaciones graves a los derechos humanos.
Jacobo Camacho cuenta con una Maestría en Derecho Procesal Penal y una amplia trayectoria dentro de la Fiscalía estatal. Ha ocupado diversos cargos, entre ellos Directora General de Investigaciones y Procesos Penales de la Fiscalía Regional Sur Poniente, así como agente del Ministerio Público en áreas como homicidios, delitos sexuales y delitos diversos. Con esta designación, se busca consolidar el funcionamiento de esta nueva área especializada en la entidad.
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