En el marco de la “Operación Enjambre”, siete funcionarios públicos del Estado de México fueron detenidos por presuntos nexos con el crimen organizado. Entre los aprehendidos destacan María Elena Martínez Robles, alcaldesa de Amanalco, y cinco mandos municipales de Seguridad Pública. Un octavo funcionario, Isidro Cortés, director de Seguridad de Texcaltitlán, se suicidó al momento de ser notificado sobre la orden de aprehensión en su contra.
El operativo, que se realizó de manera simultánea en diversas regiones de la entidad, involucró a 1,500 elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional y la Policía estatal.
Acusaciones y grupos criminales implicados
Los funcionarios detenidos están acusados de facilitar actividades ilícitas a células delictivas como La Familia Michoacana, el Cártel Jalisco Nueva Generación, Guerreros Unidos, Unión Tepito, Nuevo Imperio y Anti Unión Tepito. Asimismo, enfrentan cargos por delitos como extorsión, secuestro exprés y homicidio.
Funcionarios detenidos
Entre los detenidos se encuentran:
• María Elena Martínez Robles, alcaldesa de Amanalco (Morena), y su director de Seguridad Pública, Manuel Alejandro Rangel Salgado.
• Rodolfo Chávez Torres y Roberto Malpica Santos, director y jefe de región de la Policía de Ixtapaluca, respectivamente. Chávez Torres es cuñado del alcalde Felipe Arvizu (Morena).
• Eraclio Campuzano, director de Seguridad de Tejupilco (PRI).
• Omar Leyva Montalvo, subdirector de Seguridad Ciudadana de Naucalpan (PAN).
• Ellery Guadalupe Figueroa Macedo, director del DIF de Tonatico y esposo de la alcaldesa Marlem Ayala (PAN).
Los detenidos fueron inicialmente llevados a la Fiscalía de Asuntos Especiales en Toluca y posteriormente trasladados a los penales de Cuautitlán, Texcoco, Tenango del Valle y Santiaguito, donde quedaron a disposición de jueces locales.
Contexto y antecedentes
La “Operación Enjambre” busca desarticular redes de corrupción entre funcionarios públicos y grupos delictivos. Estas detenciones se suman a las de otros cuatro directores de Seguridad Pública, realizadas entre agosto y septiembre, en los municipios de Acambay, Aculco, Tlatlaya y Coatepec Harinas.
El caso de Amanalco ya había generado atención en enero de 2023, cuando el síndico Miguel Ángel Lara, opositor político de la alcaldesa Martínez Robles, fue asesinado junto con un colaborador en Zacazonapan.
La operación continúa, y las autoridades buscan ejecutar órdenes de aprehensión pendientes contra otros siete servidores públicos en municipios como Santo Tomás, Chicoloapan, Coacalco y Jilotzingo.