La exsecretaria de cultura del Gobierno del Estado de Morelos Cristina “N” fue vinculada a proceso, así lo confirmó la Fiscalía Anticorrupción, por los delitos que se le investigan son Ejercicio Abusivo de Funciones, por no vigilar el cumplimiento de dos convenios celebrados para la rehabilitación del Jardín Borda, proyecto impulsado por la propia Secretaría de Cultura.

Este jueves en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, la Fiscalía Anticorrupción imputó a Cristina “N”, Jorge “N” y Armando “N”. Durante la audiencia, los dos últimos relacionados con la presunta distracción de 5 millones de pesos aportados por el Fidecomp.

¿Qué fue lo que hicieron? 

De acuerdo con la información asentada en la carpeta de investigación FECC/25/2019, el 23 de septiembre de 2016, la exfuncionaria firmó un acuerdo de colaboración con la Secretaría de Cultura Federal para la rehabilitación de dicho jardín. 

En el convenio se estipulaba una aportación bipartita: que la mitad del costo de la obra sería cubierta por el Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados  y la otra mitad correspondería a la Secretaría de Cultura de Morelos. Para ello, en 2017, la exsecretaria suscribió otro acuerdo con el Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (Fidecomp) para asegurar la obtención de los recursos necesarios, en este se especificaba que os recursos del Fidecomp sólo podrían destinarse a los gastos directamente relacionados con la ejecución del proyecto aprobado. Además, se estableció que los fondos serían depositados en la cuenta 70118083468 de Banamex, cuya administración estaba a cargo de la Secretaría de Hacienda, a través de la Tesorería General del Gobierno de Morelos.

Recibió un total de 5 millones 2 mil 265 pesos en dicha cuenta en el 2017, pero en el 2018 el exsecretario de Hacienda Jorge “N” y el extesorero Armando “N”, presuntamente transfirieron 5 millones de pesos a una cuenta concentradora, utilizada para diversos pagos, sin que se pudiera determinar el destino final del dinero.  De este modo el recurso nunca se utilizó para la rehabilitación.

Los imputados solicitaron al Juez un plazo de 144 horas para la celebración de la audiencia de vinculación, mientras que la exsecretaria de Cultura renunció a este plazo, por lo que se le dictó la vinculación y se le impusieron las medidas cautelares como la prohibición de salir del país, tampoco podrá acercarse a los testigos de la investigación y deberá acudir a firmar mensualmente a la Unidad de Medidas Cautelares.