Caminos y Puentes Federales (Capufe) anunció la implementación de su estrategia “Cero efectivo”, mediante la cual eliminará gradualmente el uso de dinero en efectivo en la mayoría de sus casetas de cobro en autopistas del país. La medida tiene como objetivo agilizar el tránsito vehicular mediante el uso obligatorio del TAG IAVE, un dispositivo electrónico para el pago automático del peaje.

Aunque la dependencia no ha precisado una fecha exacta para la transición total, informó que la eliminación del pago en efectivo será progresiva conforme se actualicen los sistemas de cobro electrónico. Algunas casetas mantendrán carriles habilitados para pagos manuales, pero serán la minoría, por lo que se recomienda a los conductores adquirir y activar el TAG IAVE lo antes posible.

El dispositivo IAVE puede comprarse en tiendas como Oxxo, Seven Eleven, Sanborns, Farmacias del Ahorro y Office Depot, entre otras, con un costo de activación que va de 150 a 180 pesos. La recarga del TAG solo puede realizarse en línea a través del portal oficial de IAVE, mediante tarjetas de crédito, débito o cuenta bancaria asociada.

Capufe indicó que esta modernización permitirá reducir tiempos de espera, evitar filas y mejorar la eficiencia en el cruce de vehículos. También recomendó a los usuarios activar alertas de bajo saldo, consultar sus movimientos desde la app oficial y elegir la modalidad de uso (prepago o pospago) que mejor se adapte a sus necesidades.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) alertó que el consumo y la producción de drogas alcanzaron cifras sin precedentes a nivel mundial, impulsadas por la inestabilidad social, los conflictos armados y la vulnerabilidad creciente de millones de personas. Así lo indica el Informe Mundial sobre Drogas 2025, presentado este jueves en Viena.

El documento, basado en datos de 2023 y 2024, señala que 316 millones de personas consumieron algún tipo de estupefaciente en 2023, lo que representa un aumento del 28% respecto a la última década. El cannabis se mantiene como la droga más usada, con 244 millones de consumidores, seguido por opioides, cocaína, éxtasis y anfetaminas.

En cuanto a producción, la ONUDD reporta cifras alarmantes: la cocaína alcanzó un récord histórico con más de 3 mil 700 toneladas producidas en 2023, impulsadas por el aumento del cultivo de hoja de coca en Colombia. Al mismo tiempo, la caída del cultivo de opio en Afganistán ha generado escasez de heroína, lo que podría abrir la puerta al uso de opioides sintéticos más peligrosos como el fentanilo y los nitazenos.

México no queda al margen del fenómeno. Como país de tránsito y producción de drogas sintéticas, continúa enfrentando desafíos graves en materia de salud pública y seguridad. La ONUDD señala que el tráfico de metanfetaminas, cuyo consumo aumentó a 31 millones de personas a nivel mundial, sigue en expansión en América del Norte, Asia y África, con altos niveles de incautaciones en rutas mexicanas.

Además, el narcotráfico sigue siendo una de las principales fuentes de ingresos para grupos criminales, lo que contribuye a altos índices de violencia en el país. Aunque el informe no menciona a México de forma específica en los casos de violencia, advierte que, como ocurre en otras naciones de la región, los mercados de drogas ilícitas tienen efectos directos en el aumento de homicidios, extorsiones y corrupción.

Alfonso Romo Garza, empresario y exjefe de la Oficina de la Presidencia en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, fue mencionado por su relación con el banco Vector, una de las instituciones financieras señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero ligado a grupos del crimen organizado.

Romo, quien fue coordinador de estrategia de la campaña presidencial de López Obrador en 2018, también encabezó el Consejo Nacional para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico hasta 2020, cuando se separó del gobierno federal de forma amistosa, según declaraciones oficiales.

El miércoles, el nombre del empresario se volvió tendencia luego de que autoridades estadounidenses incluyeran a CIBanco, Intercam y Vector en una lista de instituciones que, presuntamente, han facilitado transferencias de recursos para cárteles del narcotráfico. El Departamento del Tesoro acusó a estos bancos de formar parte de la cadena de suministro del fentanilo que afecta a Estados Unidos.

En respuesta, Vector negó las acusaciones y aseguró que ha operado por más de 50 años con apego a los estándares de cumplimiento normativo y bajo la supervisión de las autoridades financieras mexicanas. Afirmó además que las inversiones de sus clientes están respaldadas por el Instituto para el Depósito de Valores.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda de México solicitó a Estados Unidos pruebas del presunto vínculo y confirmó que se notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la cual ya investiga posibles irregularidades administrativas.

Trayectoria empresarial y deportiva

Alfonso Romo nació en la Ciudad de México en 1950 y es ingeniero agrónomo por el Tecnológico de Monterrey. Antes de integrarse al gobierno federal, fue presidente del Grupo Plenus, con inversiones en agrobiotecnología, biología sintética, educación y servicios financieros.

A lo largo de su carrera, ha recibido reconocimientos por su compromiso con la sustentabilidad y la conservación ambiental, entre ellos la medalla “Pablo Picasso” por su labor en la Selva Lacandona. También representó a México en competencias ecuestres internacionales, incluyendo los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 y Sídney 2000.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que solicitó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos las pruebas que vinculan a las instituciones financieras CIBanco, Intercam y Vector con posibles operaciones de lavado de dinero. Como parte del seguimiento, notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que ya investiga a dichas entidades. Hasta ahora, la CNBV ha detectado irregularidades administrativas que derivaron en sanciones por un monto acumulado de 134 millones de pesos. Hacienda señaló que mantiene diálogo constante con autoridades estadounidenses para esclarecer los señalamientos.