Con énfasis en la participación comunitaria y la construcción de espacios de diálogo, se realizó el Tercer Foro Regional “Porque nuestros derechos protejan a todos y todas”, un encuentro orientado a visibilizar y fortalecer los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos en Morelos.
La diputada local Guillermina Maya destacó la colaboración del gobierno municipal, liderado por Luis Eusebio Onofre Jiménez, y del Cabildo de Coatetelco, así como el respaldo de instituciones como el INPI, IPIAM y el Colegio de Morelos, cuyo apoyo fue fundamental para la realización del foro.
Durante la jornada, las y los participantes intercambiaron experiencias y plantearon propuestas en distintas mesas de trabajo, centradas en las necesidades de sus comunidades y en mecanismos que favorezcan su desarrollo integral. La legisladora enfatizó que la fuerza del foro radica en escuchar y reflejar las voces de quienes forman parte de estas comunidades.
Uno de los temas centrales del encuentro fue la justicia indígena o comunitaria, cuya importancia fue resaltada por los asistentes. Señalaron que este modelo contribuye a fortalecer los lazos comunitarios, disminuir la impunidad, promover la armonía social y generar entornos de paz sostenibles.
La Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) del Gobierno de Morelos, a través de la Procuraduría de Protección al Ambiente (Propaem), aseguró varios cachorros que eran comercializados en la vía pública del municipio de Cuautla, tras confirmar denuncias ciudadanas por maltrato y crueldad animal.
La dependencia informó que la venta de animales en espacios públicos está prohibida en el estado, de acuerdo con la Ley Estatal de Fauna, por lo que se iniciaron los procedimientos administrativos correspondientes y se aplicarán las sanciones establecidas.
Los ejemplares asegurados fueron trasladados para recibir atención médica veterinaria, con el fin de verificar su estado de salud y garantizar su bienestar.
El secretario de Desarrollo Sustentable, Alan Dupré, destacó que estas acciones buscan erradicar prácticas que atentan contra la vida digna de los animales
La SDS hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de maltrato o comercio ilegal de fauna, recordando que este tipo de actividades no quedarán impunes.
Con estas acciones, el Gobierno de Morelos refrenda su compromiso con el respeto a la vida animal y el cumplimiento de la normatividad ambiental.
Con un cumplimiento del 99 por ciento en la entrega de declaraciones patrimoniales por parte de las y los trabajadores de la administración central, el Gobierno del Estado, encabezado por Margarita González Saravia, dio un paso firme hacia un servicio público más confiable y transparente.
La reactivación de la publicación de este tipo de información permitió que Morelos Rinde Cuentas, organización ciudadana especializada en temas de acceso a la información, reconociera a la actual administración como referente en apertura gubernamental.
Al respecto, la secretaria de la Contraloría, Alejandra Pani Barragán, destacó que la medida fortalece la prevención de prácticas indebidas: “La transparencia no debe entenderse como un acto aislado, sino como un principio que guía la función pública. Cada declaración presentada significa un avance contra la opacidad”, afirmó
De esta manera, el estado se consolida como una entidad que impulsa procesos claros y verificables, acercando a la ciudadanía a sus instituciones y reafirmando el compromiso con la justicia social y el bienestar colectivo.
El Fiscal General Edgar Maldonado dio a conocer los avances en la atención de casos de maltrato y abuso animal en Morelos, incluyendo un protocolo específico para proteger a los animales durante cateos.
La presentación se realizó en la FGE de Temixco, en una mesa de trabajo con colectivos y organizaciones defensoras de los derechos de los animales. Maldonado destacó la coordinación de la Fiscalía en las regiones Metropolitana, Oriente y Sur Poniente, con el objetivo de garantizar una respuesta eficaz y especializada en cada caso.
El titular de la FGE reiteró su compromiso de trabajar de la mano con la sociedad civil para fortalecer la protección de los seres sintientes y mejorar los mecanismos de atención y prevención del maltrato animal en el estado.
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