Rosario Piedra Ibarra fue reelecta para un segundo periodo (2024-2029) al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pese a las críticas por su desempeño anterior y una evaluación desfavorable en comparación con las otras 14 finalistas. La reelección de Piedra, considerada polémica, fue impulsada por Morena y sus aliados, logrando una mayoría calificada de 87 votos en el Senado, frente a los 36 obtenidos por Nashieli Ramírez Hernández, directora de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Tres votos fueron nulos y Paulina Hernández Diz, de la Universidad de Guadalajara, recibió solo un voto.
El proceso de votación estuvo marcado por la controversia. Senadores de Morena rechazaron utilizar una mampara instalada por el PAN y Movimiento Ciudadano, con el fin de garantizar el voto secreto y evitar presiones internas. Aunque la oposición logró evitar la foliación de cédulas, como proponía el coordinador morenista Adán Augusto López Hernández, la mayoría oficialista se impuso.
Piedra Ibarra, criticada por omisión en la protección a las víctimas y falta de resultados durante su primer periodo, obtuvo el respaldo suficiente para extender su gestión hasta 2029. La continuidad de su mandato ha sido cuestionada por diversos sectores, incluyendo legisladores de su propio partido y organizaciones de derechos humanos. Intentos de rebeldía de senadores como Javier Corral, Higinio Martínez y Malú Micher, quienes amagaron con votar en su contra, fueron aplacados ante la falta de garantías para un voto secreto.
La reelección de Piedra Ibarra refuerza el control del bloque oficialista sobre la CNDH, en medio de críticas sobre el desempeño de la institución y su rol en la defensa de los derechos humanos en el país.
Con el respaldo del Gobierno estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el programa “La Tierra que Nos Une”, comenzó en Cuernavaca la producción de un vivero forestal estatal que permitirá reforestar zonas degradadas, restaurar ecosistemas y hacer frente al cambio climático.
El proyecto se desarrolla dentro de las instalaciones de la 24/a Zona Militar y tiene como objetivo producir un millón y medio de plantas en su primer año, lo que representa un incremento sin precedentes respecto al máximo histórico de 250 mil plantas anuales. Las especies cultivadas serán nativas de los ecosistemas locales, como la selva baja caducifolia y el bosque templado.
Javier García Chávez, jefe de la Oficina de la Gubernatura, encabezó el evento de arranque, acompañado del titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), Alan Dupré, quien destacó que Morelos es el único estado del país que ha firmado un convenio de este tipo con la Sedena.
“La inversión estatal supera los 3.6 millones de pesos y permitirá posicionar a Morelos como líder nacional en restauración ambiental. Este esfuerzo también busca generar conciencia sobre la protección de nuestros recursos naturales”, expresó Dupré.
Por su parte, el General de Brigada Diplomado de Estado Mayor José Luis Bucio Quiroz, comandante de la 24/a Zona Militar, subrayó que este tipo de acciones contribuyen a garantizar el derecho a un medio ambiente sano y al bienestar social, a través del manejo y conservación de los ecosistemas regionales.
Entre togas, risas nerviosas y discursos con mucho corazón, el Salón de Plenos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos se transformó este 30 de abril en un espacio liderado por niñas y niños, quienes encabezaron la Sesión de Pleno Infantil como parte del concurso “Magistrada o Magistrado por un Día”.
La actividad, encabezada por el Magistrado Presidente, Luis Jorge Gamboa Olea, no fue un simple acto simbólico: fue una lección de ciudadanía. Niñas y niños, de entre 10 y 12 años, recorrieron el Tribunal como verdaderos funcionarios judiciales, conocieron salas de apelación, juzgados familiares, y participaron en una dinámica democrática para elegir a la Magistrada Presidenta por un Día. El cargo fue conferido, por votación, a la niña Denisse Isabella Andrade Pineda, quien presidió la sesión ordinaria del Pleno.
Durante la sesión, las y los magistrados presentaron dos proyectos con gran sentido social: la atención a niñas y niños en situación de calle y el impulso al valor de la educación. Sus intervenciones fueron tan serias como conmovedoras. Hablaron de derechos, inclusión, equidad y sueños.
Al finalizar la jornada, recibieron reconocimientos, obsequios y muchos aplausos. Pero lo más valioso que se llevaron fue la experiencia de saber que su voz puede ser escuchada y tomada en cuenta en un espacio tan relevante como el Poder Judicial.
El Tribunal agradeció a las escuelas tanto públicas y privadas por fomentar esta semilla de liderazgo y compromiso, y celebró la participación entusiasta de las niñas y niños:
Sofía García Alonso, Perla Cristal Espinosa Figueroa, Alfredo Nathaniel Benítez García, Marckus Alejandro Esquivel Juárez, Denisse Isabella Andrade Pineda, Rolando Rosales Molina, Ana Isabella de Santiago Gómez, Aleksand Tnatiuh Amaro Piña, Bruno Vargas Piña, Gabina Marian Ríos Ramírez, Andrea Eloisa Morales Román, Mauricio Andrés Díaz Vázquez, Azul Michelle Pedraza Ortiz, Valentina Guevara Salgado, Breayan Said Prado Miranda, Ángel Gael Mena Cobián, Litzi Nahomy Rodríguez Rubí, Diego Alberto Ordaz Fuentes, Andrea Victoria Paz Alvizures Cota, Fernando Reyes González González y Lia Naomi Mena Cobián.
Con el objetivo de mejorar la preparación ante posibles contingencias relacionadas con la actividad del volcán Popocatépetl, autoridades de Protección Civil de Morelos, Estado de México y Puebla instalaron una mesa de trabajo interestatal para armonizar acciones de gestión integral de riesgos.
El encuentro, encabezado por la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos (CEPCM), tuvo como finalidad revisar y fortalecer los protocolos conjuntos de evacuación, compartir diagnósticos actualizados y establecer mecanismos de colaboración que trasciendan los límites territoriales.
Ubaldo González Carretes, titular de la CEPCM, explicó que uno de los temas centrales fue la homologación de rutas de evacuación en las zonas colindantes, a fin de garantizar traslados seguros y ordenados en caso de una emergencia volcánica. “Se trata de actuar de manera preventiva, asegurando una respuesta coordinada entre los tres estados”, señaló.
Además, las autoridades acordaron avanzar en la investigación elaboración de un convenio de colaboración interestatal que formalice los compromisos en materia de protección civil y gestión integral de riesgos. Este instrumento no sólo se enfocará en riesgos volcánicos, sino también en el intercambio de información técnica, la planeación de acciones preventivas y la atención conjunta ante emergencias.
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