Por Carolina Ruiz Rodríguez*

Detenciones masivas, deportaciones récord y un costo humano creciente definen el primer año del segundo gobierno de Donald Trump en Estados Unidos

Este martes 20 de enero se cumple el primer año del segundo periodo de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. De acuerdo con diversos analistas, entre los factores negativos que lo marcaron, se encuentran su política exterior —con la imposición de aranceles—, el paro del Gobierno Federal, las implicaciones del propio presidente en el caso Epstein y, de manera destacada, sus políticas migratorias.

En materia migratoria, el primer año de esta segunda administración ha dejado una huella profunda en la vida de millones de personas, en la economía estadounidense y en las esperanzas de quienes cruzan fronteras en busca de oportunidades.

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025, las órdenes, memorandos y decretos en materia migratoria no han cesado. De acuerdo con la agencia de noticias EFE, se han implementado más de 500 acciones migratorias, que van desde la suspensión de visados hasta restricciones y expulsiones aceleradas.

Las cifras de detenciones no solo han alcanzado niveles históricos, sino que han sido masivas y violatorias de los derechos humanos, además de acompañarse de imágenes utilizadas con fines propagandísticos. Desde el 31 de enero de 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha detenido a más de 595 mil personas sin documentos, según datos oficiales retomados por la agencia Reuters.

A este escenario se suma un saldo particularmente doloroso: cinco personas migrantes han perdido la vida durante estos operativos, cuatro en 2025 y una más el pasado 7 de enero en Minneapolis, estado de Minnesota, donde persisten protestas y manifestaciones contra las redadas, y donde las autoridades locales han exigido la salida de los agentes del ICE.

Otro dato alarmante es que durante 2025 el número de personas recluidas en centros de detención migratoria pasó de 39 mil a cerca de 60 mil, cifras nunca antes vistas. En estos centros murieron al menos 30 personas bajo custodia migratoria, el nivel más alto en dos décadas, lo que refleja la crudeza de las políticas implementadas.

En paralelo, las deportaciones se dispararon. Diversas estimaciones señalan que en 2025 se alcanzaron más de 600 mil deportaciones, superando ampliamente las cifras de administraciones recientes. Si bien los cruces fronterizos han disminuido en comparación con años anteriores, ello no refleja una menor migración, sino el efecto de políticas restrictivas que obligan a las personas a utilizar rutas cada vez más peligrosas.

Además, organizaciones defensoras de migrantes han documentado un aumento significativo en la detención de personas sin antecedentes penales, ampliando el enfoque punitivo más allá de amenazas reales a la seguridad pública.

Estas políticas no solo han devastado proyectos de vida; también han tenido impactos económicos directos. Distintas estimaciones indican que, por primera vez en décadas, la migración neta fue negativa en 2025, con más personas saliendo de Estados Unidos que ingresando. Esto ha afectado sectores clave como la agricultura, la construcción y los servicios.

Un estudio de la Brookings Institution, retomado por el periódico La Jornada, señala que en regiones agrícolas de los Estados Unidos las redadas redujeron la fuerza laboral hasta en 20 a 40 por ciento, provocando pérdidas millonarias y el encarecimiento de productos básicos. El mismo informe advierte sobre posibles caídas en el consumo y el crecimiento económico si persiste este endurecimiento sin un marco migratorio ordenado.

El informe subraya que el crecimiento de la población en edad de trabajar nacida en Estados Unidos ha sido débil en los últimos años y que casi todo el crecimiento de la fuerza laboral proviene de la inmigración. Además de aportar mano de obra, las personas migrantes generan demanda de bienes y servicios. No obstante, los autores del estudio advierten que “las recientes reducciones en la transparencia de los datos hacen que las estimaciones sean más inciertas”.

Ante este panorama, la pregunta es inevitable: ¿qué esperar en 2026? La continuidad de medidas restrictivas, como la suspensión de visas para ciudadanos de 75 países, anticipa un mayor endurecimiento de la política migratoria estadounidense.

Este enfoque desestabiliza comunidades, rompe familias y frena una movilidad humana responsable. Desde México debemos defender soluciones que respeten los derechos humanos, promuevan la integración económica y ofrezcan rutas legales y seguras.

El balance del primer año del segundo gobierno de Donald Trump es claro: más controles, más deportaciones y mayores restricciones, con consecuencias humanas y económicas profundas. No podemos permitir que las cifras oculten las historias. Mirar más allá de los números y defender la dignidad humana debe ser nuestro compromiso en 2026 y más allá.