Un juez federal vinculó a proceso a cinco funcionarios y exfuncionarios municipales de Morelos por su presunta participación en una red de delincuencia organizada relacionada con el Cártel de Sinaloa. Los imputados, provenientes de municipios como Atlatlahucan, Cuautla y Yecapixtla, enfrentarán cargos por delitos como extorsión y asociación delictuosa, mientras permanecen en prisión preventiva durante el desarrollo de las investigaciones.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los acusados habrían sido cooptados por una célula criminal encabezada por Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, quien presuntamente financió campañas políticas para asegurar protección e influencia en gobiernos locales. Las autoridades identificaron que esta red operaba en al menos ocho municipios, donde el grupo criminal realizaba actividades como cobro de “derecho de piso” y control de estructuras municipales.

Las detenciones forman parte de la Operación Enjambre, un operativo federal que busca desmantelar redes de corrupción vinculadas al crimen organizado en distintos niveles de gobierno. Este caso evidencia la infiltración del narcotráfico en la política local y abre la posibilidad de nuevas detenciones conforme avancen las investigaciones, en un contexto donde autoridades buscan frenar la llamada “narcopolítica” en la región.

El Congreso de Morelos recibió este miércoles la comparecencia del fiscal general del estado, Fernando Blumenkron Escobar, quien presentó su Informe Semestral ante diputadas y diputados de todas las fuerzas políticas, en cumplimiento del artículo 79-B de la Constitución local. Durante el ejercicio, legisladores centraron sus cuestionamientos en temas como extorsión, rezago en carpetas de investigación, feminicidios, desapariciones, maltrato animal y el avance en casos emblemáticos como las fosas de Tetelcingo y Jojutla.

En su exposición, el fiscal destacó seis ejes de trabajo: eficiencia ministerial, atención ciudadana, fortalecimiento institucional, capital humano, transparencia y vinculación social. Informó que las fiscalías regionales registraron mil 492 carpetas con detenidos, mientras que el Centro de Justicia Alternativa atendió a 3 mil 520 personas, logrando acuerdos reparatorios que superan los 17 millones de pesos en favor de víctimas. Además, se otorgaron mil 451 medidas de protección por violencia familiar y se emitieron más de mil 300 dictámenes periciales para mujeres.

Durante la ronda de preguntas, legisladores exigieron avances concretos en investigaciones relevantes, como el caso del exgobernador Cuauhtémoc Blanco, el asesinato de la exdiputada Gabriela Marín y el atentado contra el dirigente del PVEM, Javier Estrada. También cuestionaron el bajo nivel de judicialización señalando que más del 94% de las carpetas no llegan a tribunales y pidieron estrategias claras para combatir el rezago.

Asimismo, se plantearon dudas sobre la atención a delitos ambientales, maltrato animal y la falta de sentencias en casos de feminicidio. En materia de desapariciones, se solicitó información precisa sobre la localización de personas, diferenciando entre hallazgos con vida y sin vida.

Finalmente, diputados subrayaron la deuda histórica en los casos de las fosas comunes de Tetelcingo y Jojutla, solicitando avances en la identificación y restitución de restos a familiares, así como el estado del nuevo Centro de Justicia para las Mujeres en Jojutla.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el promedio diario nacional de homicidios dolosos se ha reducido 49% desde septiembre de 2024, como resultado de la estrategia de seguridad implementada por el gobierno federal. De acuerdo con el funcionario, esta disminución se debe principalmente a la consolidación de la Guardia Nacional, así como al fortalecimiento de las labores de inteligencia e investigación, lo que ha permitido reducir la incidencia de este delito a nivel nacional.

En el mismo informe, el Gabinete de Seguridad reportó la detención de 54 mil 297 personas por delitos de alto impacto, además del aseguramiento de casi 30 mil armas de fuego y más de 400 toneladas de droga. También se han desmantelado alrededor de 2 mil 400 laboratorios clandestinos, acciones que, según autoridades, han contribuido a debilitar las operaciones del crimen organizado y a impedir la distribución de millones de dosis de narcóticos.

Asimismo, García Harfuch destacó la detención de 85 funcionarios y exfuncionarios vinculados con grupos delictivos, incluidos alcaldes en funciones, como parte del combate a la impunidad. En paralelo, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que, dentro del plan de consolidación de la Guardia Nacional, se han asignado miles de elementos, entre ellos 91 generales, más de 4 mil oficiales y 35 mil integrantes de tropa, además de la creación de una fuerza especial conjunta para reforzar las operaciones de seguridad en el país.