La Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional que prohíbe la producción, distribución, comercialización y enajenación de cigarrillos electrónicos y vapeadores en el país. Con esta decisión, se desafían sentencias previas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cuales habían declarado inconstitucional cualquier decreto que restringiera estos productos.
Al elevarse a rango constitucional, la prohibición de los vapeadores se convierte en una medida inatacable, lo que representa un giro significativo en la regulación de estos dispositivos en México.
Por su parte, la empresa British American Tobacco (BAT), una de las principales productoras de cigarrillos electrónicos, advirtió que la decisión legislativa podría trasladar por completo el comercio de estos productos al mercado ilegal. De acuerdo con estimaciones de la compañía, el valor del mercado de vapeadores asciende a 40 mil millones de pesos, ingresos que el Estado no podrá recaudar bajo el nuevo esquema.
Además, la empresa ha insistido en que una regulación adecuada podría garantizar la calidad de los productos, su correcta disposición como residuos, y limitar su acceso a menores de edad. Sin embargo, con la prohibición, consideran que se pierde la oportunidad de implementar un marco normativo que permita una transición hacia alternativas menos dañinas para los consumidores.
Con esta reforma, se reaviva el debate sobre la viabilidad de las prohibiciones como herramienta para proteger la salud pública y las implicaciones económicas y sociales de medidas que prohíben por completo la venta y uso de ciertos productos. El Senado será el siguiente paso en el proceso legislativo para ratificar o modificar esta iniciativa.