El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, Luis Jorge Gamboa Olea, este lunes sostuvo un encuentro con representantes de diversas agrupaciones y asociaciones civiles para abordar inquietudes surgidas en torno a la supuesta “preliberación” de Marcelino “N”, actualmente sentenciado a 32 años de prisión por el homicidio del activista Gustavo Salgado Delgado, hechos ocurrido en el 2015.
Durante el encuentro, Gamboa Olea enfatizó que la situación se encuentra en la etapa de ejecución de la sentencia y que, en virtud de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cualquier beneficio como la preliberación debe ser sometido a un riguroso análisis jurídico.
“La solicitud que se está evaluando no implica, de ninguna forma, una liberación automática. Cada caso debe cumplir estrictamente con los requisitos legales establecidos y ser resuelto por el juez competente”, explicó el magistrado.
La sesión permitió que diversas voces se hicieran escuchar. Florentino López Martínez, representante del Frente Popular Revolucionario, destacó la importancia de la transparencia y agradeció al TSJ por la apertura en la discusión.
“Nos tranquiliza saber que el proceso se desarrolla con absoluta observancia de la ley y confiamos en que se hará justicia en el caso de Gustavo Salgado Delgado”, afirmó López Martínez.
Por otro lado, Gabriel Rivas Ríos, regidor de Cuernavaca y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del municipio, manifestó su preocupación por el avance del trámite.
“Algunas de las inquietudes presentadas tienen que ver con competencias del Poder Ejecutivo, por lo que trabajaremos en conjunto para canalizar estas demandas de la manera adecuada”, señaló Rivas Ríos.
Como resultado del diálogo, se acordó establecer un canal permanente de comunicación entre el Poder Judicial y las asociaciones civiles, con el fin de dar seguimiento continuo al proceso y resolver cualquier duda que surja en torno al caso.
El Gobierno de la Ciudad de México confirmó que el conductor de una pipa de gas LP fue el principal responsable de la explosión ocurrida el pasado 10 de septiembre de 2025 en la alcaldía Iztapalapa, accidente que dejó 21 personas fallecidas y más de 70 lesionadas. De acuerdo con las conclusiones oficiales presentadas este 21 de diciembre, el siniestro fue provocado por el exceso de velocidad con el que circulaba la unidad, la cual volcó y explotó bajo el Puente de la Concordia.
La Fiscalía General de Justicia de la CDMX informó que, tras peritajes técnicos y análisis de videos, se determinó que el conductor, identificado como Fernando Soto Munguía, rebasó los límites de velocidad permitidos, lo que derivó en la pérdida de control del vehículo cargado con casi 50 mil litros de gas LP. Aunque se descartaron fallas mecánicas como causa principal, también se detectaron irregularidades en el mantenimiento y capacitación, lo que podría implicar responsabilidad compartida con la empresa propietaria de la pipa.
Las autoridades capitalinas señalaron que la empresa ha cubierto un monto de 480 millones de pesos en acuerdos reparatorios con las víctimas, de los cuales el 90 por ciento ya fue entregado. Asimismo, se mantienen abiertas investigaciones administrativas y posibles acciones civiles, mientras el Gobierno de la CDMX reiteró que reforzará la regulación y supervisión del transporte de materiales peligrosos para evitar hechos similares.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no es necesaria la llamada “Ley Gobernadora”, al señalar que no tiene sentido imponer una alternancia obligatoria entre hombres y mujeres para las candidaturas a gubernaturas, independientemente de si la reforma pudiera ser constitucional o no.
Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre si el coordinador de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar, ya le había entregado un análisis sobre la constitucionalidad de la propuesta. Al respecto, indicó que el tema continúa en revisión, pero aclaró que no es urgente abordarlo, ya que consideró que el fondo del asunto ya se encuentra resuelto.
Sheinbaum sostuvo que el acuerdo del Instituto Nacional Electoral, que obliga a los partidos políticos a postular 50 por ciento de mujeres y 50 por ciento de hombres, junto con otras acciones afirmativas, ya garantiza la paridad de género en los procesos electorales. Añadió que este esquema ha permitido un mayor acceso de mujeres a las gubernaturas y advirtió que una alternancia forzada podría interpretarse como una limitación a los derechos políticos de las y los aspirantes.
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía Regional Oriente aseguraron diez motocicletas con huellas de desvalijamiento, así como cuatro motores, durante una diligencia de investigación realizada en el poblado de Oacalco, en el municipio de Yautepec.
De acuerdo con el reporte oficial, los agentes realizaban labores de investigación en un predio de la zona cuando, al efectuar una inspección, localizaron las unidades al interior de un gallinero. Las motocicletas se encontraban desarmadas y presentaban alteraciones en los números de identificación o carecían de la placa con el Número de Identificación Vehicular, lo que hizo presumir su posible origen ilícito.
En el lugar también fueron hallados cuatro motores desarmados, presuntamente relacionados con las motocicletas aseguradas. El predio fue asegurado y los vehículos, junto con las piezas localizadas, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones para deslindar responsabilidades y dar seguimiento a las acciones contra el robo de vehículos en la región oriente del estado.
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