Integrantes de Sindicato de Trabajadores de Organismos Descentralizados del Estado de Morelos (STODEM) sección Conalep, salieron a las calles esta mañana para manifestarse, el obejtivo exigir a las autoridades educativas de la entidad una igualdad en salarios y distintas prestaciones, incuslo indicaron que algunos tienen más de 40 años prestando un servicio.
Fue un grupo de no más de 50 maestros que se congrego en el Chapitel del Calvario, caminaron por Matamoros hasta llegar a Plaza de Armas en espera de ser atendidos por las autoridades estatales.
Luis Gabriel Rojas Barrera, Secretario General del STODEM puntualizó
“Tenemos más de 40 años siendo docentes y no tenemos masificaciones, no tenemos homologación salarial, un maestro viene ganando menos de 10 mil pesos, porque los contratos son 20 horas a la semana. También estamos pidiendo que se nos puedan otorgar 90 días de aguinaldo como todos los trabajadores del estado”.
Luis Gabriel Rojas Barrera, Srio General STODEM
La convocatoria se hizo para los sindicalizados de los 5 planteles, Jiutepec Cuernavaca, Temixco, Tepoztlán y Cuautla.
El Secretario General dijo que se vieron obligados a salir a las calles al no lograr ningún acuerdo con autoridades del gobierno del estado.
Respondió Gobierno del Estado
Através de un comunicado la Secretaría de Educación y el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos (Conalep) respondió a manifestantes, señalando que se han tenido diversas reuniones entre las secretarías de Gobierno y Educación con representantes del Sindicato de Trabajadores de Organismos Descentralizados Estatal y Municipal, sección Conalep Morelos, con el objetivo de priorizar el diálogo y llegar a acuerdos.
Indicaron que la petición de la homologación y basificación docente, se debe realizar desde la federación debido a que sus prestaciones son a través de un acuerdo nacional, por lo que se está a la espera de la resolución que emitan las autoridades federales.
Confirmó que fue el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos que determinó que era ilegal el emplazamiento al no reunir los requisitos establecidos por la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
El mismo sindicato pidió un segundo emplazamiento, ante el Primer Tribunal Laboral del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos en el cual se solicitaba la revisión del incremento salarial para el 2024, este tribunal se declaró incompetente para conocer del procedimiento por considerar que las peticiones eran de naturaleza burocrática, por lo que remitirá el expediente al TECA.
El Congreso del Estado de Morelos aprobó la expedición de la Ley para la Protección de la Integridad y Derechos de las y los Trabajadores de la Educación (Ley PROTEM), impulsada por la diputada Ruth Cleotilde Rodríguez López, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, luego de solventar las observaciones realizadas al proyecto. La aprobación se dio durante sesión ordinaria con la presencia de representantes sindicales y docentes en el Salón de Plenos.
La legisladora explicó que la nueva norma establece protocolos obligatorios de actuación ante agresiones contra personal educativo, sanciones para quienes incurran en conductas violentas, medidas de protección inmediata y acompañamiento jurídico y psicológico, además de la intervención oportuna de autoridades educativas y de seguridad. Señaló que la ley busca brindar herramientas reales de defensa al magisterio, sin que ello implique encubrir abusos o negligencias, y subrayó la protección prioritaria de niñas, niños y adolescentes.
En la misma sesión, la diputada Ruth Rodríguez López presentó dos iniciativas adicionales: una para otorgar certeza jurídica sobre el pago de aguinaldo a personal de subsistemas homologados y otra enfocada en fortalecer la autonomía sindical. Diputados de distintas bancadas respaldaron la Ley PROTEM y destacaron que representa un reconocimiento institucional al trabajo docente y un paso para fortalecer el respeto y la seguridad en el entorno educativo.
El presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro, fue detenido en un operativo coordinado por fuerzas federales junto con tres funcionarios de su administración, por su presunta participación en delitos de extorsión, corrupción y desvío de recursos públicos. De acuerdo con el reporte oficial, también fueron asegurados Juan Manuel Pérez, de Seguridad Pública; Juan Gabriel Toribio, de Catastro y Predial; e Isaac Carbajal Villaseñor, de Obras Públicas.
Las investigaciones señalan que los detenidos presuntamente exigían pagos ilegales a comerciantes y empresarios, además de operar esquemas de uso indebido de fondos municipales. Autoridades federales indicaron que el grupo estaría vinculado con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación y que formaba parte de una red de corrupción local. La acción se enmarca en la llamada Operación Enjambre, estrategia enfocada en desarticular estructuras criminales infiltradas en gobiernos municipales.
La gestión de Rivera Navarro ya enfrentaba controversias, entre ellas un conflicto con la empresa José Cuervo por un cobro millonario de predial que fue considerado sin sustento legal por autoridades estatales, así como una denuncia posterior por presunta extorsión. Tras la detención, Morena Jalisco señaló que respetará el proceso legal y que corresponderá a las autoridades determinar responsabilidades. El caso continúa bajo investigación.
Autoridades estatales y federales realizaron un cateo en un bar ubicado en la colonia Centro del municipio de Jojutla, el cual presuntamente era utilizado para la venta de drogas. La diligencia fue ejecutada por elementos del Centro de Operaciones Estratégicas (COE) de la Fiscalía Regional Sur Poniente.
El operativo estuvo encabezado por agentes de la Agencia de Investigación Criminal, con apoyo de personal de la Defensa, Marina, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos. Durante la intervención, peritos y agentes investigadores localizaron y aseguraron varias dosis de una sustancia sólida con características similares a la droga conocida como cristal.
Tras concluir la revisión, el inmueble quedó asegurado y los indicios fueron fijados, embalados y puestos a disposición de la Unidad Especializada de Delitos Contra la Salud para su análisis e integración a la carpeta de investigación. La Fiscalía estatal informó que continuará los trabajos coordinados para combatir delitos contra la salud en la región.
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