Autoridades de los 36 municipios de Morelos firmaron un convenio de colaboración con la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas (CEARV) con el objetivo de fortalecer la atención a personas afectadas por delitos o violaciones a derechos humanos.

El acto fue encabezado por el secretario de Gobierno estatal, Juan Salgado Brito, en representación de la gobernadora Margarita González Saravia. Durante el evento, se subrayó la importancia de establecer una red de apoyo institucional que acerque servicios de acompañamiento, atención integral y acceso a la justicia para las víctimas, desde una perspectiva local.

El convenio busca que cada municipio asuma un papel activo en la atención directa a víctimas, mediante acciones coordinadas con los gobiernos estatal y federal. Según lo expresado por las autoridades, la intención es avanzar hacia una atención más humana, profesional y cercana.

Uno de los puntos destacados fue la inclusión de comunidades indígenas, con la adaptación del documento a su lengua nativa, en colaboración con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI). Esto permitirá que pueblos originarios puedan participar del acuerdo desde sus propios marcos culturales y normativos.

La comisionada ejecutiva de la CEARV, Penélope Picazo Hernández, consideró que el convenio representa un paso firme hacia una política pública más sensible y efectiva, al construir capacidades desde el ámbito municipal.

Presidentes municipales de Cuernavaca, Jojutla, Yecapixtla, Xochitepec, Tepoztlán y Hueyapan expresaron su respaldo al acuerdo y señalaron que atender a las víctimas es una de las demandas sociales más urgentes. Coincidieron en que trabajar de manera coordinada permitirá mejorar la respuesta institucional ante situaciones de violencia o vulneración de derechos.

La diputada local Jazmín Solano López presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de Morelos a fin de tipificar y sancionar la sustracción de menores o personas incapaces cuando se incumplen los términos de la custodia.

La propuesta plantea penas de uno a seis años de prisión y multas de 100 a 1 000 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Las sanciones se duplicarían si la víctima tiene menos de 12 años.

Durante la sesión ordinaria, la legisladora de Morena señaló que, según la Red por los Derechos de la Infancia en México, en 2021 Morelos ocupó el octavo lugar nacional en hospitalizaciones de personas de 0 a 17 años por violencia familiar y física. Indicó que en el estado residen alrededor de 568 700 niñas, niños y adolescentes, lo que equivale al 28 % de la población.

Solano explicó que la sustracción de hijos suele ocurrir cuando uno de los padres se lleva al menor sin permiso de quien posee la guarda y custodia, situación que actualmente queda sin castigo. La iniciativa incorpora un artículo 203 bis para suspender derechos a quien retenga o sustraiga a un menor, impida convivencias decretadas o no devuelva al menor en los términos establecidos por la autoridad.

El proyecto fue turnado a comisiones para su análisis y dictamen.

La gobernadora Margarita González Saravia formalizó un nuevo acuerdo con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), con el objetivo de reforzar la vigilancia y regulación en materia de salud en la entidad.

El convenio, que no había sido ratificado desde hace más de una década, permitirá al estado tener mayor coordinación con la federación para supervisar establecimientos de salud, productos, servicios y temas relacionados con la salud ambiental.

Durante el acto, se destacó que Morelos recibe cada fin de semana hasta medio millón de visitantes, por lo que contar con un marco legal actualizado fortalece la protección sanitaria tanto para la población local como para el turismo. La medida también impactará en la vigilancia de alimentos, agua y enfermedades, mediante el trabajo de Coprisem y el Laboratorio Estatal de Salud Pública.