La diputada Andrea Gordillo Vega, del PAN, presentó una iniciativa para reconocer la contaminación acústica como un problema de salud pública e incorporarla al marco legal ambiental de Morelos. La propuesta busca atender el incremento del ruido en zonas urbanas, el cual señaló impacta el bienestar y la salud física y emocional de la población.

Durante su intervención, la legisladora advirtió que, a diferencia de otros tipos de contaminación como la del aire o el agua, el ruido ha sido relegado en la agenda pública, pese a que organismos internacionales lo consideran un factor de riesgo importante. Estudios refieren que la exposición constante a niveles superiores a los 65 decibeles puede provocar afectaciones como pérdida auditiva, trastornos del sueño, estrés y enfermedades cardiovasculares.

La iniciativa contempla la creación de “zonas acústicas”, así como la definición de límites de ruido, fuentes emisoras, facultades de las autoridades y sanciones para quienes incumplan la norma. Además, busca generar conciencia social sobre este problema, vinculado en gran medida al crecimiento urbano desordenado y al aumento del transporte motorizado, con el objetivo de avanzar hacia entornos más saludables y ordenados en la entidad.

Una adolescente de 15 años fue asesinada a balazos la mañana de este jueves en la colonia Centro de Jiutepec, tras un presunto intento de asalto ocurrido sobre la avenida Matamoros.

De acuerdo con los primeros reportes, la menor fue interceptada por dos sujetos armados, quienes intentaron despojarla de sus pertenencias y le dispararon. Paramédicos acudieron al sitio, pero confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Los agresores huyeron en motocicleta con dirección a Emiliano Zapata. Autoridades desplegaron un operativo sin lograr detenciones, mientras la Fiscalía General del Estado de Morelos realizó las diligencias correspondientes.

El Congreso del Estado de Morelos aprobó por mayoría las minutas enviadas por el Congreso de la Unión referentes al llamado “Plan B” en materia electoral y al establecimiento de un tope a las pensiones de servidores públicos. Durante sesión ordinaria, el Pleno de la LVI Legislatura avaló, en votaciones por separado, reformas a la Constitución con el objetivo de fortalecer la eficiencia institucional y el control del gasto público.

Entre las medidas del “Plan B” destacan la reducción del número de regidores en los ayuntamientos, la disminución de los presupuestos en los congresos locales y la imposición de límites salariales a funcionarios de organismos y tribunales electorales. Estas acciones buscan generar ahorros y reforzar la responsabilidad en el uso de recursos públicos.

Asimismo, se aprobó una reforma al artículo 127 constitucional para fijar un tope a las pensiones en el sector público, el cual será equivalente al 50% del salario mensual neto del titular del Poder Ejecutivo Federal en 2026, estimado en alrededor de 70 mil pesos. Con esta decisión, Morelos se suma a las entidades que respaldan estas modificaciones a nivel nacional.