El Gobierno federal anunció la entrada en vigor de tres reformas orientadas a fortalecer la transparencia y legalidad de los procesos electorales en el país, informó la consejera jurídica Luisa María Alcalde Luján.
Las modificaciones, aprobadas por la Cámara de Diputados, contemplan la creación de mecanismos para revisar la integridad de candidatos, el aplazamiento de la elección del Poder Judicial y la anulación de comicios en caso de injerencia extranjera.
Una de las principales medidas faculta al Instituto Nacional Electoral (INE) para integrar una comisión especial que analizará el historial de aspirantes a cargos públicos, con el fin de detectar posibles vínculos con el crimen organizado. Esta instancia estará conformada por tres consejeros electorales y podrá recibir, de manera voluntaria, información proporcionada por los partidos políticos, la cual será revisada por autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia.
En materia judicial, la reforma establece que la elección prevista para 2027 se realizará el 4 de junio de 2028. El objetivo es desvincularla de los comicios intermedios y facilitar la participación ciudadana mediante la simplificación de boletas, reducción de candidaturas y homologación de criterios de evaluación entre los tres poderes.
Asimismo, se determinó que las elecciones judiciales no coincidirán en sedes ni urnas con las elecciones ordinarias, con el propósito de garantizar mayor claridad en el proceso.
Por otra parte, se aprobó la anulación de elecciones cuando se compruebe la intervención de actores extranjeros, medida que busca proteger la soberanía electoral del país.
Las reformas contaron con el respaldo de Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, mientras que el Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano votaron en contra.
En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el nuevo modelo de selección judicial contempla la participación de comisiones designadas por los tres poderes, las cuales evaluarán a los aspirantes con base en requisitos académicos, profesionales y éticos, además de considerar la posible implementación de exámenes adicionales.
Finalmente, la mandataria reiteró que el diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se mantiene abierto, aunque criticó actos de violencia registrados en algunas movilizaciones recientes.