En un comunicado el partido Movimiento Ciudadano de Morelos expresó su profunda preocupación por la crisis de derechos humanos que enfrentan las mujeres privadas de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil No. 16, ubicado en Michapa, Coatlán del Río. La situación en este penal, que alberga a 1,033 mujeres privadas de la libertad de todo el país, ha sido calificada como una muestra de las fallas estructurales del sistema penitenciario mexicano, y evidencia la necesidad urgente de políticas que garanticen la dignidad y los derechos de todas las personas, con especial énfasis en las mujeres.

Organizaciones sociales han llevado el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señalando condiciones inhumanas de reclusión y la muerte de 19 internas desde 2021 hasta noviembre de 2024, catalogadas como presuntos suicidios. Asimismo, se denunció el incumplimiento de recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitidas desde 2019, que advertían sobre tortura, incomunicación, negligencia médica y psicológica, además de violencia verbal y física.

El Movimiento Ciudadano hizo un llamado enérgico a las autoridades para que actúen de manera inmediata, exigiendo:

• • Investigaciones exhaustivas y transparentes sobre las muertes.

• • Medidas efectivas que prevengan futuros casos y aseguren la integridad de las internas.

• • Que se lleven a cabo investigaciones con perspectiva de género, cumpliendo con estándares internacionales de derechos humanos.

La organización política también destacó que las mujeres representan el 5.87% de la población en reclusión y enfrentan un sistema penitenciario que perpetúa su vulnerabilidad, negándoles derechos básicos y visibilidad. En el caso del CEFERESO No. 16, señalaron condiciones graves como el aislamiento, falta de contacto con familiares, deficiencias en servicios médicos, educativos y de reinserción social, y carencias en atención ginecológica y de gestión menstrual.

“Es urgente actuar con perspectiva de género, considerando la diversidad de contextos que enfrentan las mujeres en reclusión, incluyendo indígenas, afrodescendientes, madres, adultas mayores, personas con discapacidad y miembros de la comunidad LGBTTTIQ+”, afirmaron en un comunicado.