La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aplaudió la decisión del Congreso de Morelos de destituir a Uriel Carmona Gándara como fiscal general del estado, al señalar que su permanencia en el cargo representaba un freno a la justicia y la pacificación de la entidad.

Durante su conferencia matutina de este viernes, Sheinbaum recordó uno de los casos más polémicos relacionados con el exfiscal: el feminicidio de una joven reportada como desaparecida en la Ciudad de México, cuyo cuerpo fue hallado en Morelos. En su momento, Carmona aseguró que la causa de muerte había sido una broncoaspiración, pero peritajes posteriores confirmaron que se trató de un feminicidio. “Fue uno de los atropellos más graves a la justicia”, sostuvo la mandataria.

La destitución de Uriel Carmona se concretó este jueves tras una votación mayoritaria en el Congreso local, con 16 votos a favor y cuatro en contra (PAN y Movimiento Ciudadano). La decisión fue respaldada por el Poder Ejecutivo estatal, encabezado por la gobernadora Margarita González Saravia, quien solicitó formalmente la remoción a través de su jefe de oficina, Javier García.

En una sesión que se prolongó por varias horas, los diputados analizaron la solicitud y finalmente avalaron la separación del cargo. Carmona, quien llevaba casi siete años al frente de la Fiscalía, aún tenía dos años pendientes en su gestión, establecida bajo la administración del exgobernador Graco Ramírez, a quien se le vinculaba políticamente.

El presidente de la Junta Política y coordinador de la bancada de Morena en el Congreso, Rafael Reyes Reyes, convocó a una reunión de urgencia para discutir el caso antes de someterlo a votación. Esta no era la primera vez que el Ejecutivo solicitaba la destitución de Carmona; semanas atrás, la presidenta del Legislativo, Jazmín Solano, recibió un documento similar reiterando la exigencia de su separación.

La salida de Carmona Gándara representa, según varios legisladores, un paso importante para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones de justicia en Morelos.

Durante una sesión privada este jueves, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó la lista de 995 candidatos a jueces, magistrados y ministros enviada por el Senado de la República, al no reunir los ocho votos necesarios para su aprobación.

Cuatro ministros votaron en contra de validar la lista, entre ellos Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien condicionó su respaldo a que se revisara cada candidatura de manera individual, solicitud que no fue aceptada por el Pleno.

Con esta decisión, el próximo proceso de selección judicial podría limitarse únicamente a los candidatos avalados por los Comités de Evaluación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo Federal.

La Corte deberá notificar al Senado su resolución en las próximas horas. Este nuevo rechazo se suma a lo ocurrido en enero pasado, cuando la SCJN declinó asumir las funciones del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación.

En aquella ocasión, la ministra Margarita Ríos Farjat propuso al Pleno asumir esta tarea para no poner en riesgo la legitimidad del proceso, pero su propuesta fue rechazada por nueve ministros. En su exposición, advirtió que la implementación acelerada de la reforma judicial ha generado conflictos constitucionales que comprometen el equilibrio institucional y el Estado de Derecho.

La semana pasada, el Senado llevó a cabo la insaculación de los candidatos y remitió la lista a la SCJN para su aprobación, lo que finalmente no ocurrió.

Convocaron a una sesión el próximo 13 de febrero.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda contra la ciudad de Chicago y el estado de Illinois, argumentando que obstaculizan las labores de las autoridades migratorias. La demanda fue interpuesta en una corte federal en Illinois y busca que los jueces revoquen y califiquen de inconstitucionales las protecciones a nivel estatal y local que resguardan a la población indocumentada de la deportación.

Según el gobierno federal, las leyes y políticas de Chicago e Illinois interfieren con la aplicación de las normativas migratorias y dificultan la colaboración entre las autoridades locales y los agentes de inmigración. La administración de Donald Trump ha impulsado diversas acciones legales contra ciudades santuario, que limitan la cooperación con las autoridades federales en temas migratorios.

Por su parte, las autoridades de Chicago han defendido sus políticas al señalar que buscan proteger los derechos y la seguridad de todos los residentes, independientemente de su estatus migratorio. La demanda se suma a una serie de litigios entre el gobierno federal y distintas jurisdicciones que han adoptado medidas de protección para migrantes.