El Banco de México emitió una serie de recomendaciones para identificar monedas de 10 pesos falsificadas, luego de que, durante el primer trimestre de 2025, se detectaran y retiraran 64 piezas apócrifas del mercado. De acuerdo con la institución, la falsificación de monedas continúa representando un desafío para las autoridades debido a la alta circulación de este tipo de piezas.

Banxico explicó que las técnicas más comunes empleadas por los falsificadores incluyen la fundición —con 33 casos detectados— y el troquelado, con 31 registros. Ambas prácticas suelen dejar marcas visibles y defectos en la textura, bordes y unión del anillo con el centro de la moneda.

Para evitar caer en engaños, el banco central recomienda una revisión en tres niveles: al tacto, a la vista y por comparación directa con una moneda legítima. Entre los aspectos a considerar destacan la firmeza de la unión entre anillo y centro, la presencia de rebabas, cambios anómalos en el color y una textura porosa o jabonosa.

En caso de detectar una moneda sospechosa, se recomienda acudir a una institución bancaria para entregar la pieza. El banco deberá emitir un Recibo de Retención y enviarla al Banco de México para su evaluación. Si la moneda resulta auténtica, el usuario será reembolsado; si es falsa, será destruida.

Adoptar medidas preventivas al recibir dinero en efectivo protege la economía individual y fortalece la confianza en el sistema monetario nacional.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó como ilegal el retiro de las estatuas de Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara, realizado por autoridades de la Alcaldía Cuauhtémoc la semana pasada en la Plaza San Carlos, en la capital del país.

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria afirmó que el retiro no contó con la aprobación del Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos, requisito indispensable para cualquier intervención de este tipo en espacios públicos.

Sheinbaum señaló que la decisión de retirar los monumentos no fue consultada ni avalada, y acusó a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, de incurrir en una posible falta administrativa, incluso advirtió que podría configurarse el delito de daño patrimonial en caso de que se pretenda subastar las esculturas.

En ese contexto, indicó que ya existe coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, así como con la Secretaría de Cultura local, para que las estatuas sean entregadas y reubicadas en un nuevo espacio público de forma legal.

Por su parte, la jefa de Gobierno capitalina expresó que las esculturas conmemoran un hecho histórico relacionado con el primer encuentro entre Fidel Castro y el Che Guevara, y destacó que su legado forma parte de la memoria histórica de los pueblos latinoamericanos.

El Gobierno capitalino realizará los trámites correspondientes para recuperar las esculturas y definir su nueva ubicación, conforme a lo establecido por la normativa en materia de monumentos y patrimonio cultural.

El exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, incurrió en violencia política en razón de género en contra de una exdiputada federal, durante la conmemoración del CCXI Aniversario del Rompimiento del Sitio de Cuautla, así lo confirmó por mayoría de votos la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La decisión ratifica la sentencia emitida por la Sala Regional Especializada, que también determinó la responsabilidad del exdirector general de Logística del Gobierno estatal, Arturo César Millán Torres.

De acuerdo con el expediente, la exdiputada federal de Morena, Juanita Guerra Mena, hoy Senadora, denunció haber sido excluida de la organización del desfile cívico-militar, pese a haber promovido el evento. Asimismo, se le negó la instalación de un templete previamente autorizado y el acceso al palco principal durante la ceremonia.

La Sala Especializada consideró que esta última acción constituyó violencia política en razón de género, al tratarse de un acto que invisibilizó a una mujer en el ámbito público, generando un impacto desproporcionado por su condición de género y su papel como representante popular.

Los tres involucrados impugnaron la resolución: la denunciante solicitó que se sancionara a más personas y por todas las conductas denunciadas, mientras que los exfuncionarios argumentaron que no se acreditaron los hechos y que la organización del evento no era atribución del gobernador.

Durante sesión pública, y con base en el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, la Sala Superior desestimó los argumentos presentados. Determinó que la sentencia impugnada fue exhaustiva y que sí existió responsabilidad directa del entonces gobernador y de su director de logística.

El TEPJF concluyó que hubo una exclusión injustificada y discriminatoria que vulneró el ejercicio de derechos políticos de la denunciante, por lo que confirmó la sentencia dictada en el expediente SUP-REP-218/2025 y acumulados.